Actualmente vivimos en la Argentina una situación que se asemeja a la de un Estado que se consume en sí mismo y, perdiendo gradualmente su esencia política, asume características pre-naturales. Pareciera que nuestra Nación está recorriendo el camino inverso al que con una precisión magistralmente realista, aunque no necesariamente demasiado optimista ya que se trataba de elegir el mal menor , a mediados del S. XVII, describiera Thomas Hobbes, al presentar su modelo de sociedad y de Estado, ambos de origen contractual, surgiendo a partir de la ficción creada del estado natural del hombre, situación en que éste se hallaba en la condición que Hobbes denomina “de naturaleza”, es decir, de “guerra de todos contra todos”. La antropología de Hobbes parte de una definición del hombre en que éste es malo por naturaleza, por lo tanto será necesario ponerle límites. Textualmente, dice Hobbes, “el hombre es el lobo del hombre (homo homine lupus)”.

Nos asalta de continuo—basta leer apenas los diarios y ver los noticieros—la sensación de que estamos saliendo del estado político, Estado que, por otra parte, ya lo estaba dejando de ser desde hace bastante tiempo atrás, hace más de doce años, por señalar uno de sus puntos claves de quiebre político-económico-social.

Que se vayan todos (¿y después qué?)

No es fácil olvidar, sin ir más lejos, las últimas elecciones generales (octubre de 2001), donde los índices de abstención, de voto en blanco, y hasta de postulaciones anónimas de un “candidato creíble” e incapaz de corromperse como Clemente, ascendieron a cifras exorbitantes; algo casi irritante, al tiempo que irónico, para una Nación que no hace más de veinte años estaba imposibilitada para ejercer sus derechos políticos, por habérsele escamoteado, de ipso facto, la forma democrática de gobierno. Lo cierto es que la clase política argentina, en lugar de esforzarse por demostrar que la política es una actividad lícita, necesaria y viable, a fin que se instale en todos los estratos de nuestra sociedad la idea de que la democracia es la única forma compatible de gobierno con los derechos humanos, y por tanto que es imprescindible obtener la confiabilidad de los representados en sus representantes, no, ha malgastado el crédito de los ciudadanos y ha tirado por la borda de un barco que hoy está a la deriva esa confianza que alguna vez, mediante su voto, habían depositado legítima, ingenua y esperanzadamente en las urnas. El país, así, transita un viaje de retorno que representa aquello que Hobbes, a la luz de su visión de las guerras civiles que asolaban la Inglaterra del S. XVII, quería erradicar de la existencia:
“En una situación semejante no existe oportunidad para la industria, ya que su fruto es incierto; por consiguiente, no hay cultivo de la tierra, ni navegación, ni uso de los artículos que pueden ser importados por mar, ni construcciones confortables, ni instrumentos para mover y remover las cosas que requieren mucha fuerza, ni conocimiento de la faz de la tierra, ni cómputo del tiempo, ni artes, ni letras, ni sociedad; y, lo que es peor de todo, existe continuo temor y peligro de muerte violenta; y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve”.

La amenaza hobbesiana de que si no se respetan las reglas de juego que se establecen para regular la convivencia social, necesariamente se caerá en un estado tal que, además de verse impedidas todas las formas de progreso económico alcanzadas hasta el momento (no me refiero aquí al pseudo progreso económico alcanzado por la Argentina en la década anterior), desaparecerá hasta la propia seguridad de las personas, a causa de la pérdida de su condición política y civil, de la anulación de sus derechos y de la corrupción de la justicia, tanto privada como pública, comienza a tornarse una realidad en la Argentina de comienzos del siglo XXI.

El contrato social que nos organizó hasta aquí

Volver al estado de naturaleza, tal como lo definieron los contractualistas modernos (además de Hobbes, también Locke, Rousseau y Kant), es lisa y llanamente, dejar de ser personas jurídicas y civiles para convertirse en personas naturales, donde ya no existe ni “lo mío ni lo tuyo”; donde todo es de todos y nada es de nadie; donde no hay fronteras que delimiten propiedad alguna, ni tampoco derechos que protejan la seguridad y el espacio vital de los que hasta hace poco tiempo atrás eran ciudadanos y que ahora están dejando de serlo. Dejemos hablar a Hobbes sobre tal miserable condición: “En esta guerra de todos contra todos se da una consecuencia: que nada puede ser injusto. Las nociones de justicia e injusticia están fuera de lugar. Donde no hay poder común, la ley no existe: donde no hay ley, no hay justicia. En la guerra, la fuerza y el fraude son las dos virtudes cardinales”.

Hobbes decía que una vez que los hombres negocian entre sí su ingreso, todos a una vez, en la sociedad civil, y por tanto erigen el Estado, entonces pierden su derecho natural a todas las cosas; éstas quedan reguladas por el sistema económico legal que normatiza de aquí en más la propiedad y su usufructo, asegurándose, así, la subsistencia de todos los súbditos del Estado. No es que los individuos, por el hecho de quedar sometidos políticamente al Estado, pierdan su libertad, al contrario, lo que ocurre es que limitándola pueden ser verdaderamente libres, sin temor de perder la vida ni sus propiedades legítimamente obtenidas. “En la democracia los ciudadanos son libres porque no obedecen otras leyes más que aquellas que ellos mismos se han dado, o a las cuales han prestado su asentimiento”.

A partir de entonces se crea, por convención, una doble obligación que afecta a las partes contratantes. Por un lado están los depositarios de los derechos, los individuos, antes a-sociales por naturaleza, quienes renunciando al derecho absoluto, el derecho a todas las cosas, deciden autorizar al gobierno para que los proteja, creando y sancionando leyes civiles para ello. Por otro, el gobierno (el rey en el caso de Hobbes, quien sostuvo un sistema monárquico y absolutista de gobierno; o un sistema tripartito de división de poderes, según Locke, quien ahondó en la democratización del contractualismo), que de aquí en más ejerce su poder en virtud de una autorización que le han dado sus súbditos (quienes ahora, por este acto, pasan a ser ciudadanos del Estado y miembros de la sociedad civil), queda obligado, a cambio, a darles protección. Metafóricamente explicado ocurre algo así como la puesta en marcha y desarrollo de un libreto, que es escrito por muchos autores (el pueblo), cuyo papel principal es representado por el actor, de aquí en más: el gobernante.

Obviamente, no hay que pensar demasiado para saber qué sucede cuando la segunda parte del pacto en juego no cumple con sus obligaciones contraídas; simplemente, desde entonces, los contratantes, firmantes de esa especie de documento legal —aunque ficticio, por cierto— por el cual delegaban sus derechos en un gobierno que debía protegerlos, deciden romper también con sus obligaciones contraídas y deponer a quien o quienes no están cumpliendo con la principal cláusula y verdadera razón de ser del pacto que entre todos ellos, hombres y mujeres iguales por naturaleza, habían firmado.

Hasta aquí lo que dice la teoría política; una teoría del poder, sin más, acerca de cómo interaccionan los hombres, que estructurados en diferentes jerarquías, cumplen o deshacen sus promesas según la marcha de los acontecimientos, más cuando de lo que se trata es nada menos que del asunto de la propiedad, un tema sumamente sensible, de paso, en nuestro actual y frenético mundo postmoderno.

En otras palabras, el resultado de todo esto es que quien primero rompa las reglas de juego establecidas, queda automáticamente, por ello, sujeto a que el resto de las partes también opte por romperlas. De ahí en más puede esperarse el caos social, la guerra civil o como se quiera denominar a una situación que se caracteriza por la anulación de derechos y garantías constitucionales. Así, la pérdida de derechos como el de propiedad, por ejemplo, puede ser la primera señal que denote una futura pérdida de derechos mucho más importantes, como lo son la libertad, la movilidad, la educación, la salud, la dignidad, la autoestima o, peor aún, la vida misma, el derecho a la “autoconservación”, como Hobbes lo llama, que es el primero entre los derechos naturales, y que nadie puede permitir que le arrebaten, al menos sin defenderse.

Signos de nuestra actual crisis política

No es nuevo, pero desde hace años se percibe en el país una creciente corrupción, no sólo a nivel político, sino en todos los ámbitos en que dos o más miembros de la sociedad se relacionan, negocian o desarrollan cualquier empresa, tenga ésta o no fines de lucro. Pero la corrupción a nivel público resulta más evidente y repulsiva, pues en definitiva se trata del robo del “bien común”, e incluso del robo directo y abierto por quienes, siguiendo recetas firmadas por personas físicas o jurídicas con fuertes intereses en juego, no pocas veces de origen extranjero, aunque bajo el amparo de una plataforma política local que les permite acceder al poder, supuestamente representan a los electores, ejerciendo el poder político de manera espúrea y perjudicando los legítimos intereses de las mayorías, sancionando decretos, resoluciones y disposiciones económicas pseudo legales, mediante las cuales terminan metiéndoles, literalmente, la mano en el bolsillo a los ciudadanos. Éstos, así, al perder paulatinamente sus derechos, se convierten en ciudadanos “de segunda” (y hasta “de cuarta” categoría), de algo que tan siquiera cabe llamarlo más como “Nación” o “Estado”.

La corrupción es generalizada y aparece en todos los ámbitos. Si bien los negocios son lícitos, lo que no es lícito, para decirlo con palabras capaces de denotar la diferencia semántica del problema, son los negociados. De tal modo, hay en la sociedad civil una sed constante de ascenso en el poder, puesto que éste posibilita las prácticas non sanctas. Hay una innegable realidad humana: el poder corrompe, y de tamaña voracidad, lamentablemente, tampoco está exento el ciudadano común. Es decir, criticamos todo el tiempo a los políticos, pero me pregunto: ¿cuántos realmente no quisiéramos poder serlo, ascender en un partido, captar más y más dimensiones de poder, para luego robar, lisa y descaradamente, ya que el grado de corrupción es tal que ni siquiera podemos decir que los políticos lo hacen subrepticiamente? Justo es decir y agregar, sin embargo, que el robo y el fraude no siempre se producen bajo el manto de la ilegalidad, o “circulando por debajo de la mesa”. En nuestra política cotidiana más típica de la región del Cono Sur de América que nos cobija, donde hemos casi patentado y hasta exaltado con orgullo esa exclusiva “virtud” nuestra constituida por una extraña mezcla de astucia política e inteligencia cortoplacista, que denominamos “viveza criolla”, ocurre que en múltiples ocasiones tamaños negociados, hasta resultan amparados por la legitimidad de leyes engendradas y sancionadas a gusto y piaccere de quienes, en el colmo de la irresponsabilidad e infidelidad política y social, sólo ambicionan gobernar procurando satisfacer cada vez más y mejor sus intereses mezquinos egoístas, ya sea particulares o de clase. Así es como, no pocas veces, el fraude y la corrupción operan bajo el amparo de la pseudo oficialidad de leyes, normas, disposiciones y reglamentaciones edificadas, promulgadas y sancionadas bajo el dictamen de los caprichos de sus autointeresados constructores.

Tampoco es posible acusarlos y procesarlos (de no mediar pruebas tangibles), puesto que sus responsables son, simplemente, nuestros propios representantes elegidos por nosotros mismos en un acto que, al menos que pueda ponerse bajo tela de juicio su legalidad, ha sido, a priori, aceptado y propuesto por la ciudadanía como el mejor de los sistemas políticos posibles. Ergo, los nombramos representantes de nuestras voluntades particulares para que éstas resulten reguladas del modo más equitativo y transparente posible, por tanto no tienen otra tarea sino la de gobernar para que derechos y obligaciones sean repartidos entre miembros de la sociedad y ciudadanos del Estado mediante procedimientos pretendidamente justos e imparcialmente proporcionales a todas las partes.

Ahora bien, cuando nuestros supuestos representantes se reúnen para legislar, ¿lo estarán haciendo con la meta puesta en el bien común de la sociedad?; ¿tomarán en cuenta el verdadero significado de la palabra “derecho” (del latín ius o jus = “lo que propiamente le pertenece” o “lo que es justo”), reconociendo que esta palabra en acción comporta, complementariamente, el ejercicio responsable de otro concepto tanto o más importante que aquél, como es la “obligación”. ¿Conocen realmente los legisladores que nos representan cómo los derechos y obligaciones deben ser proporcionalmente repartidos en una sociedad que, si bien es por demás compleja y cambiante, admite y requiere la existencia para su buen funcionamiento de procedimientos (constituciones, cartas orgánicas, códigos civiles, penales, comerciales, laborales, de navegación, etc.) que le impidan tornarse caótica y salvaje? Y si conocen en qué consiste el Derecho —especialmente me refiero al derecho público y privado— ¿hacen y cumplen con aquello que, a ciencia cierta, saben es lo correcto en materia jurídica, previendo que lo jurídico ha de tener, una vez sancionado, fuertes implicancias y consecuencias de índole económica y social, especialmente? Todo pareciera indicar —y aunque evitemos aquí universalizar, afirmando “todos los...”, también es cierto que no es fácil evitar generalizar, diciendo “la mayoría de...”— que, como bien dice una regla empírica elemental de la teoría del aprendizaje, sólo conocemos aquello que nos interesa. Así, cuando las leyes vigentes no están a favor de nuestros intereses privados, entonces terminamos haciendo una nueva ley a nuestro gusto que nos permita contrarrestar aquéllas que, siendo imparciales, nos estorban en nuestro camino, para conseguir, al precio que sea, lo que pretende nuestra insaciable voluntad, ávida en demasía de riqueza, fama y poder.

La crisis de responsabilidad política que reina en la Argentina actual y que la condujo a su casi disolución, está originada, en gran parte, en un convenio tácito que se ha venido gestando ante nuestros propias narices entre unos cuantos miles de personas que se han asociado entre sí y confabulado para fines ilícitos. Esta clase política que nosotros mismos hemos llevado al poder se maneja en base a intereses sectarios, secretos y con códigos de lealtad y silencio que enturbian toda transparencia, minando, así, las bases de la democracia, puesto que su proceder atenta contra la credibilidad social, la confianza en la justicia, la solidaridad y el respeto por la ley. Sus códigos producen marchas y contramarchas y constantes escándalos y desmentidos, porque, a su vez, es esa suma de triquiñuelas lo que los fortalece como estructura política.

Entre la turbiedad política y la desprolijidad económica

Esto que hemos intentado describir acerca del accionar de nuestros líderes de la política, se ha sumado o, mejor dicho, potenciado por la insana desprolijidad administrativa que nos caracteriza y las non sanctas prácticas económicas de gastar y gastar inescrupulosamente (total no es nuestro, no?), produciendo sistemáticamente como Estado más egresos que ingresos. El consiguiente incremento en proporciones geométricas que esto trae aparejado de pérdida irrecuperable de la confiabilidad en una gestión o un país (medida en términos ya harto populares, como lo es el índice de “riesgo país”, rubro en el que tenemos el deplorable “orgullo” de estar casi al tope del mundo con más de seis mil puntos), nos ha conducido, como sucede con cualquier individuo o familia que se maneje análogamente, a tal endeudamiento que finalmente no pudo más que explotarnos en la cara y llevarnos al colapso (como ilustración vayan los hechos acontecidos durante la segunda quincena de diciembre del 2001; el default es apenas su signo económico internacional). A esto debemos sumar nuestros índices récord de desempleo y subempleo (hoy, más allá del 40% en conjunto), la acelerada fuga de capitales y divisas, antes nuestros, que en el último cuarto de siglo se fueron acumulando en el exterior, alcanzando un monto equivalente a más de 15 veces nuestra deuda nacional y quien sabe cuántas veces nuestro actual menguado y decadente PBI. Así, por semejante camino delineado por nuestra creciente y aparentemente sin-fin desactivación económica, con sus consecuentes efectos de hambre generalizada, desocupación y aumento galopante de la pobreza, en un país que ya tiene por encima del 50% de la población bajo esa denigrante línea, no habrá ningún tipo de esperanza de superación en tanto tengamos que seguir soportando, con inagotable estoicismo, las increíbles rentabilidades de las conductas corruptas de nuestros líderes políticos, quienes sin una pizca de pudor continúan generando déficits, endeudamiento público y malestares de toda índole en la población. No hay caso, parece que estuviera en la esencia misma de nuestro ser nacional el gen inoculado con esa dosis de viveza criolla que nos impide comprender la verdad de que sin esfuerzo no hay bienestar ni riqueza posibles.
“¿Cómo no deplorar el crecimiento ignominioso de la indigencia y el auge del delito cuando se persiste en estafar a los pobres y a quienes habrán de serlo ocultándoles la verdad en que descansa la posibilidad de superar la pobreza: ‘Con el sudor de tu frente comerás el pan’ (Gen. 3:19), mientras se hizo carne entre nosotros la falacia brutal que nos llevó a la superstición de un Estado leviatánico dispensador de todas las gracias y riquezas?”.

Mientras no reconozcamos nuestra triste y humillante realidad nacional, y en tanto no asumamos, en lo individual y en lo colectivo, las responsabilidades que contrae, nunca comenzaremos a transitar el verdadero camino de la recuperación y el desarrollo sostenible y autosustentable, del que tanto nos hablan desde los países centrales como claves para la recuperación económica y social. Esto, en términos no sólo económicos sino también políticos, se traduce en la necesidad de una reconstrucción de la confianza relativa de Argentina (tanto interna como externa), en reducir gastos y desperdicios, minimizar, y en lo posible extinguir, las rentabilidades de la corrupción, y en aprender a vivir y a crecer con lo que somos y tenemos, y no de prestado.

Una cuestión de actitud, así de simple

Al analizar la conducta de quienes viven en los países desarrollados, percibimos que la diferencia no radica en la antigüedad de los países (India y Egipto lo desmienten), ni en la grandiosidad y fluidez de sus recursos naturales (Japón es el ejemplo, que con un 80% del territorio montañoso e inepto para la agricultura y la ganadería es la segunda potencia económica mundial; y Suiza, que sin tener cacao, fabrica el mejor chocolate del mundo), sino en la actitud de sus habitantes. Países cuya mayor parte de la población se maneja en su convivencia social y política mediante diez reglas básicas: (1) La moral como principio fundamental. (2) Honradez. (3) Orden y limpieza. (4) Puntualidad. (5) Responsabilidad. (6) Un sano y moderado deseo de superación. (7) El amor al trabajo. (8) El ahorro y la inversión. (9) Respeto a la ley, códigos y reglamentos. (10) Respeto al derecho de los demás.

Por supuesto que esto no es todo lo que se necesita para generar riqueza, también están en juego otras variables de control externo, pero sí es lo más importante para la supervivencia pacífica de la sociedad y de una política que apueste por el crecimiento. Si no, hagamos la prueba y comencemos, TODOS y a una vez, cada cual desde el lugar que ocupamos en sociedad, a practicarlas, y al cabo de un tiempo evaluemos cómo nos va. Tal vez así logremos que de la condición natural (de naturaleza caída) en que estamos actualmente postrados como Estado, como región y como provincia, emerjamos a una condición verdaderamente política (del gr. polis = ciudad), en el buen sentido que esta multi milenaria palabra significa.
 

Notas y referencias
  Para ampliar este concepto y comparar el modelo hobbesiano de Estado con sus precedentes, ver mi artículo: “El corte epistemológico en la comprensión del origen de la sociedad política a partir de Thomas Hobbes”, Estudios Filosóficos, Vol. XLVIII, Nº 138 [Valladolid, España] (Mayo-Agosto 1999): pp. 257-302.
  Thomas Hobbes, Leviatán. O la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil (México: FCE, 1994), Cap. XIII.
  Apenas como muestra del caos político que vive la Argentina del 2002, puede mencionarse un artículo del 26 de abril, que apareció en Clarín Digital, cuyo título anunciaba lo siguiente: “Nuestro país, tema obligado de foros y encuestas online. En la red, todo el mundo debate y opina sobre la crisis argentina”. Allí podían leerse, entre otras propuestas sugestivas, párrafos como éste: “’¿Cómo puede la Argentina salir de su crisis? ¿Es la globalización la causa del problema? ¿Está amenazada la democracia?’, pregunta a sus lectores la versión online del diario estadounidense ‘The New York Times’, en el marco de un foro titulado ‘La desintegración de la Argentina’... que invita a debatir las noticias que llegan desde nuestro país”. http://www.clarin.com, 26/04/02.
  Hobbes, Leviatán, Cap. XIII, p. 104.
  Ibid., Cap. XIII, p. 106.
  Julio De Zan, “Decir que no”, Tópicos. Revista de Filosofía de Santa Fe, Nº 10 (2002): p. 140.
  Mempo Giardinelli, “De contubernios y monipodios”, Huellas (Septiembre 2001).
  Correo electrónico enviado a la agencia de noticias “Prensa Independiente”, por Mario E. Sacchi (Director de revista Sapientia, Buenos Aires), el 15 de mayo de 2002, compartido con el autor.
  Paráfrasis del escrito inédito: “Pequeña reflexión: mejorando Argentina desde adentro”, de autor anónimo, 31/03/02.
 
 

 

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